De toda la vida, la mejor forma de exculpar a alguien de un crimen que no ha cometido, consiste en encontrar el verdadero culpable. Si pretendo decir que la culpa de la sentencia que tanto ha molestado a la opinión pública no es de los jueces, que han hecho un magnífico trabajo, debería encontrar a los verdaderos culpables. Y eso es lo que pretendo hacer.
Los jueces tienen un campo de actuación limitado. Se tienen que ceñir a la ley. Si la ley es injusta, los jueces emitirán sentencias injustas, por mucho que intenten paliar los efectos de una ley perniciosa. Y las leyes y su aplicación tienen unos responsables directos. En cuanto a prioridades de culpables, estos son los que yo encuentro:
1.- Los politicos.
Sí. Los políticos tienen gran parte de culpa. Casi toda. He leido estos días una gran cantidad de artículos, memes y similares comparando varias sentencias por hurtos y esta sentencia. Pero es que, aunque la gente ve todo bajo el epígrafe genérico de «robar» no es lo mismo. Al menos de cara a la ley. Y por ello, lo que los jueces pueden aplicar.
En España, las normas que castigan los delitos de corrupción consideran de forma mucho más leve estos delitos que los delitos contra la propiedad privada. El hurto y el robo están mucho más castigados. Visto de un modo simplista, pero quizá correcto, los políticos no van a ser tan idiotas de castigarse a sí mismos de una forma ejemplar. Es mucho más fácil que un político robe de las arcas públicas que de un supermercado. Y la distinta consideración legal tiene luego sus efectos.
Así, no es lo mismo robar 30 euros en comida que 3.000.000 de euros en comisiones ilegales. Lo primero está mucho más castigado si se emplea algún tipo de argucia como usar una tarjeta de crédito fraudulenta, o saltar una tapia para sustraerlo. Lo segundo no es robar, en sentido estricto. Si se quiere justicia, hay que cambiar a los políticos, no a los jueces. En este sentido, conviene recordar que los políticos son los que hacen las leyes. Los que tienen la potestad de cambiarlas. Si no lo hacen, habrá que plantearse qué tipo de políticos tenemos y cuáles son, en realidad, los intereses que defienden.
2. La fiscalía
En menor medida, el culpable también es la fiscalía. Es un órgano dependiente funcionalmente del gobierno. Y se nota. En este caso la fiscalía ha actuado como auténtica defensa pública de la acusada Cristina de Borbón. Es un órgano áltamente politizado. Cambiar su estatuto sería fundamental para poder castigar adecuadamente los delitos politicos. Aunque en muchos casos actúan de forma bastante independiente, para lo que cabría esperar, en este caso concreto no parece que lo hicieran.
En resumen.
Sí. Los jueces se equivocan, está claro. Pero no son responsables de todas las malas sentencias. Porque no son malas sentencias. Son sentencias adecuadas, según la legislación vigente. El problema está en otra parte. Deberían plantearse los ciudadanos si su celo por la justicia se ve correspondido por los gobernantes a los que eligen. Yo creo que no. Este caso lo demuestra. Y no es el único.
